Sandra Castañeda estuvo en prisión injustamente; ICE la quiere deportar

Sandra Castañeda llegó a Estados Unidos con permiso de residencia permanente. Durante su infancia vivió en un vecindario del sur de Los Ángeles, California y puso distancia con los problemas.

El 10 de mayo de 2002, Sandra conducía un auto acompañada de varias amigas. Una de ellas sacó una pistola y les disparó a dos personas. El saldo fue de un herido y una muerte. Ante esta escena, todas las mujeres huyeron corriendo, pero ella se quedó y la policía la detuvo.

Cabe destacar que los fiscales nunca la acusaron de jalar el gatillo de la pistola o de ser cómplice en el ataque. Sin embargo, la condenaron a cadena perpetua con posibilidad de salir en libertad condicional después de 40 años.

En aquel entonces, había una ley en California que dictaba que cualquier persona involucrada en un delito grave que terminara en homicidio podía pagar como quien lo cometió. No obstante, el año pasado, una corte anuló la condena de Castañeda basándose en una nueva ley de California que eliminó esa regla.

ICE va tras la latina Sandra Castañeda

Pese a la anulación de la condena, las autoridades federales de inmigración quieren deportarla. Colby Lenz, defensora de los derechos de las mujeres presas, estaba afuera de la cárcel el 27 de julio de 2021 esperando a Castañeda. Una camioneta con agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) llegó y la interceptó.

Primero los agentes federales le dijeron que le iban a permitir su proceso migratorio en casa con un grillete electrónico. Después le contaron que le habían encontrado un lugar y la llevaron a un centro de detención en Georgia.

Pese a que Sandra Castañeda tenía permiso para residir legalmente en Estados Unidos, las leyes migratorias permiten a las autoridades deportar a ciudadanos que son considerados “un riesgo para la comunidad”.

Ante la justicia de California, Sandra es libre y sin antecedentes a la que se le había condenado injustamente. Los lineamientos del Departamento de Justicia establecen que, si condenan a una persona migrante por un delito grave como homicidio, la deben deportar. Esa expulsión se puede frenar si se descubre una evidencia “sustantiva” de que la acusaron de manera injusta, pero no si se le da un perdón al considerar que se rehabilitó o se reforma la ley la cual se le condenó desde un inicio.